Políticas de Armas Que Salvan Vidas
Cuatro estrategias basadas en evidencia se enfocan en los principales impulsores de la violencia con armas de fuego.
Con más de 390 millones de armas en manos de civiles, los Estados Unidos tiene más armas de fuego que personas. Este hecho desalentador puede hacer que el problema de la violencia armada parezca irresoluble.
Pero la investigación dirigida por el Centro para la Prevención y Políticas de la Violencia con Armas ha identificado leyes que ya están marcando la diferencia, principalmente al mantener las armas fuera del alcance de personas que no deberían tenerlas.
ORDENES DE PROTECCIÓN EN CASO DE RIESGO EXTREMO
Cuando las personas se comportan de manera peligrosa y hacen amenazas creíbles de dañarse a sí mismas o a otros, las autorizaciones judiciales llamadas ERPO permiten que las fuerzas del orden retiren temporalmente las armas de fuego de estas personas y también prohíben que las puedan comprar.
“Estas son personas que están en crisis y verdaderamente en riesgo de cometer violencia, ya sea autodirigida o dirigida a otros,” dice Shannon Frattaroli, PhD ’99, MPH ’94, profesora en Política y Gestión de la Salud. “Estas órdenes brindan una herramienta para intervenir y eliminar temporalmente las armas de la mezcla.”
En todos los estados con tales leyes—actualmente 19 más Washington D.C.— las fuerzas del orden pueden solicitar estas órdenes a las cortes. En algunos estados, miembros de la familia, parejas, clínicos, y los administradores escolares también pueden hacerlo.
“En comparación con otras políticas de prevención de la violencia armada, estas son relativamente poco controvertidas,” dice Frattaroli. “Ha habido un gran interés en estas políticas por parte de los legisladores.”
Aunque se necesita más investigación, los estudios de Connecticut e Indiana, que han tenido estas leyes durante más de 15 años, estiman que se salvó una vida por cada 10 a 20 acciones de remoción de armas.
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y LEYES DE LICENCIA DEL COMPRADOR
Estos enfoques se utilizan para evitar la compra de armas por parte de personas con actividades delictivas pasadas, órdenes judiciales pendientes o problemas de salud mental o abuso de sustancias. Las verificaciones de antecedentes exigidas por el gobierno federal en el punto de venta aseguran que el comprador no esté en una base de datos nacional de personas a las que se les prohíbe poseer armas. (La ley no aplica a las ventas privadas de armas.)
Las leyes de concesión de licencias exigen que los compradores presenten solicitudes en persona a las fuerzas del orden público locales o estatales. El proceso implica verificaciones de antecedentes, períodos de espera y, a veces, toma de huellas dactilares.
“Si quiere comprar un arma esta tarde, no puede hacerlo sin esta licencia,” dice Alexander McCourt, PhD ’19, JD, MPH, científico asistente en Política y Gestión de la Salud.
El estado de Connecticut ha requerido verificaciones de antecedentes y licencias desde 1995. Las leyes combinadas redujeron los homicidios con armas de fuego por 27.8 % y los suicidios con armas de fuego entre 23.2 % y 40.5 %, según un estudio de 2020 en el que McCourt fue coautor. El estudio, que examinó cuatro estados, muestra que las verificaciones de antecedentes por sí solas no son efectivas para reducir los homicidios o suicidios con armas de fuego.
“Parece que funciona mejor tener ambos en su lugar como una forma de asegurarse de que todo sea válido y verificar dos veces el sistema,” dice McCourt.
QUITAR ARMAS A PERSONAS CON ÓRDENES DE RESTRICCIÓN POR VIOLENCIA DOMÉSTICA
Las investigaciones muestran que una mujer tiene cinco veces más probabilidades de morir en una situación de violencia doméstica si un arma está presente. La ley federal prohíbe que las personas bajo DVRO emitidas después de una audiencia judicial posean armas de fuego.
(Algunos estados fortalecen esta prohibición para incluir órdenes de restricción ex parte, aquellas emitidas por un juez en situaciones de emergencia.)
La ley federal define a las parejas domésticas como personas que están o estuvieron casadas o que viven juntas, o aquellas que tienen un hijo en común. Algunos estados también incluyen parejas que están saliendo—una adición importante, nota April Zeoli, PhD ’07, MPH, profesora asociada en la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad Estatal de Michigan. “Las parejas de novios constituyen aproximadamente la mitad de las personas que cometen homicidios de pareja íntima,” she says.
Otra área donde estas leyes necesitan endurecerse: Si bien las nuevas órdenes de restricción se marcan en las bases de datos de verificación de antecedentes, Zeoli dice que algunos tribunales no ordenan la entrega o el retiro de las armas de fuego existentes, un paso que podría salvar vidas.
“Mi investigación sugiere que en los estados donde la ley requiere o permite que los jueces ordenen la entrega de armas, el homicidio de pareja íntima disminuye aproximadamente un 12 %,” dice Zeoli.
RESPUESTA DE APLICACIÓN DE LA LEY BASADA EN DATOS
Por mucho tiempo la policía se ha centrado en sacar las armas ilegales de las calles, especialmente en áreas propensas a la violencia. En la ciudad de Baltimore y más allá, la policía a menudo se basa en prácticas de parar y registrar para detener y registrar a las personas sospechosas de portar armas—una “táctica general a menudo aplicada de manera demasiado amplia,” dice director del Centro Daniel Webster, ScD ’91, MPH, profesor en la Escuela Bloomberg de Salud Americana en Política y Gestión de la Salud.
Un informe de 2020 realizado por investigadores del Centro sugiere una estrategia más responsable y basada en datos.
Webster prevé "unidades de violencia armada" especializadas que utilizan la recopilación de inteligencia y las investigaciones para realizar arrestos por posesión ilegal de armas por parte de personas vinculadas a tiroteos.
En contraste con los amplios esfuerzos de las patrullas para “pescar” armas con redes grandes, los pequeños equipos de oficiales altamente capacitados y supervisados de cerca recopilarían y compartirían todos los datos relacionados con su trabajo, incluidas las imágenes de las cámaras corporales, que los fiscales revisarían cuidadosamente para identificar prácticas ilegales de cumplimiento y estar sujetas a revisión civil. Tal transparencia es fundamental para prevenir el abuso por parte de la policía y fomentar la confianza de la comunidad.
“Queremos recompensar el buen labor policial que se centre en el tipo de comportamiento que está creando el mayor daño en las comunidades,” dice Webster.